Por la información pública para abortar más seguras

DECLARACION POR LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA ABORTAR MÁS SEGURAS

¿Quién puede monopolizar el conocimiento?

Las mujeres hemos sido productoras de conocimientos desde los orígenes de la humanidad. La tradición que hoy encarnan las mujeres científicas se remonta a las primeras agricultoras, pasando por las brujas y las chamanas y culmina en el alto porcentaje de estudiantes y profesionales de las llamadas ciencias de la vida y ciencias de la salud. Antes y ahora las mujeres generamos conocimiento.

Sin embargo, desde la consolidación de la ciencia moderna el acceso a los saberes ha quedado en manos de pocos. Desde que la ciencia se emplazó plenamente dentro del aparato productivo del sistema capitalista y tomó el relevo de las religiones como sostén ideológico del orden patriarcal, el conocimiento científico quedó en manos de los varones de los grupos dominantes. Su difusión y utilización se somete a los intereses de estos grupos y no se orienta según las necesidades reales y los legítimos deseos de todas y todos. Se ha convertido al conocimiento en mercancía, regulándolo con tarifas y patentes. Se utiliza el conocimiento como instrumento de dominación y control. Nosotras consideramos a los conocimientos científicos y tecnológicos como bienes comunes de toda la humanidad, que deben ser accesibles a tod@s, de circulación libre y construcción permanente y colectiva. Todo obstáculo que impida esto debe ser removido.

En tal sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya en el año 1948 reconoció como un derecho humano el acceso al conocimiento científico: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” (Art. 27.1). Fue enunciado una vez más en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 15b), de 1966, y en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, de 2005. Tantas repeticiones de un derecho dan cuenta de su importancia capital en la vida contemporánea y a la vez de la omisión sistemática de su puesta en práctica efectiva. Un olvido que no puede ser inocente.

En este contexto, mantener a las mujeres alejadas del conocimiento sobre modos de abortar en forma segura es discriminatorio y es condenarlas a morir por falta de información. El uso de medicamentos para realizar abortos seguros, principalmente con misoprostol y mifepristone, lleva más de veinte años como práctica establecida y es recomendada por la Organización Mundial de la Salud y otros organismos por su eficacia y bajo riesgo de muerte y complicaciones cuando se realiza con el método correcto. En nuestro país el misoprostol es legal, y es utilizado por profesionales de la salud para realizar abortos seguros. A pesar de que el aborto con medicamentos en sus diferentes variantes es ampliamente recomendado por médic@s en todo el mundo, y de que millones de mujeres han usado este método satisfactoriamente, muchas mujeres, en especial las más pobres y las más jóvenes, no saben que este método existe. Las que saben, suelen obtener información confusa e incompleta.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, declara: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección” (Art. 19). Las mujeres tenemos derecho a conocer los riesgos, beneficios y opciones frente a cada decisión que tomamos. Esconder, restringir, negar, obstruir el acceso a información de carácter público es un delito de graves connotaciones éticas en sociedades que pretenden ser democráticas. Cuando esa restricción, además, se vuelve una condena de muerte o provoca daños irreversibles en miles de mujeres cada año, se trata de un crimen que llamamos femicidio.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU elaboró recientemente una declaración en la que reconoce que “La mayoría de los casos de mortalidad y morbilidad materna son prevenibles, y que la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles suponen un problema de salud, desarrollo y derechos humanos que también exige la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y las niñas” y reconoce como derechos humanos asociados a reducir la mortalidad materna: “derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a ser libres para buscar, recibir y difundir información, a gozar de los beneficios del progreso científico, a estar a salvo de la discriminació n y a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva”.

El Consejo de la CEDAW en su Recomendación General 24 sobre La Mujer y la Salud, de 1999, establece que “En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos.” (Párrafo 31, inciso c)

Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 60% de las embarazadas argentinas no planificó su embarazo. En el país se realizan alrededor de 500.000 abortos por año, todos clandestinos salvo los pocos casos en que se lo considera aborto no punible (y ni siquiera en estos casos las mujeres tienen garantías de recibir el tratamiento que la ley prevé). Ingresan a los hospitales públicos 68.000 mujeres por complicaciones post aborto. De ellas, mueren cada año alrededor de 100. Desde hace años, la principal causa de muerte de embarazadas en el país deriva de las prácticas abortivas inseguras. Entre las mujeres que interrumpieron su embarazo, la búsqueda de atención médica ante las señales de alarma percibidas estuvo demorada. Según el Ministerio de Salud de la Nación, esta demora puede explicarse por el estigma asociado al aborto clandestino. En otras palabras, estas muertes son evitables poniendo información sobre aborto seguro en manos de las mujeres.

Un Estado, entendido como un conjunto de instituciones médicas, jurídicas, sociales y académicas, que obstruye la posibilidad de las mujeres de ejercer plenamente sus derechos se vuelve el principal violador del derecho de las mujeres a vivir un mundo libre de violencias. En este marco de desigualdad absoluta en el que el Estado nos pone, las mujeres auto-organizadas demandamos nuestros derechos pero también buscamos estrategias de sobrevivencia y empoderamiento. Las mujeres tenemos capacidad y derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra salud basándonos en información actualizada y completa, utilizándola en concordancia con nuestras creencias, valores e ideas personales. Nadie puede imponernos ni su moral ni su religión.

Por eso ejercemos nuestro derecho al conocimiento sobre cómo abortar en forma más segura sin distinción de clase, raza, sexo, orientación sexual, etnia, edad, capacidades físicas o mentales o nacionalidad. Exigimos que se respete nuestra autonomía y dignidad como personas.

Y exigimos al estado:

La libre circulación de información sobre misoprostol

El cumplimiento de las recomendaciones de la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post-Aborto, Resolución 989/2005 del Ministerio de Salud de la Nación, en todo el país

El cumplimiento del deber de confidencialidad del personal hospitalario en la atención pos aborto

La producción pública de misoprostol

Y de manera irrenunciable, la despenalizació n y legalización del aborto.

Envíe su adhesión al e-mail:

masinformacion.menosriesgos@yahoo.com.ar

LESBIANAS Y FEMINISTAS POR LA DESCRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO